La reforma sobre propiedad privada introduce modificaciones en la relación entre dueños e inquilinos. Uno de los ejes es acelerar los desalojos por incumplimiento de contrato. Esto apunta a dar mayor previsibilidad a los propietarios.

El nuevo esquema contempla plazos más cortos para regularizar deudas. En algunos casos, se reducirían a pocos días tras la notificación formal. Además, se promueve el uso de vías judiciales más rápidas.

Sin embargo, la iniciativa genera polémica. Distintas organizaciones advierten que podría dejar en situación vulnerable a muchos inquilinos. El tema se mantiene en discusión legislativa.