El Gobierno puso en marcha la reglamentación del sistema de indemnizaciones basado en un fondo de aportes. Este mecanismo reemplaza el pago directo por un esquema de capitalización progresiva. La medida se enmarca dentro de la reforma laboral impulsada a nivel nacional.

El fondo se financiará con contribuciones mensuales y podrá utilizarse en casos de despido, acuerdos o fallecimiento del trabajador. Su administración estará en manos de entidades financieras bajo supervisión estatal. Se fijan condiciones para garantizar su funcionamiento en distintos contextos.

El objetivo es ordenar los costos laborales y facilitar la previsión para las empresas. Al mismo tiempo, se modifica la lógica histórica del sistema indemnizatorio argentino. La iniciativa genera debate por su impacto en los derechos laborales.