El Gobierno recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar la explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas Malvinas. La presentación apunta al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

El Gobierno argentino pedirá medidas provisionales contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para intentar detener las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas. La decisión se produce tras la intimación formal realizada por la Argentina a fines de septiembre para que Londres impida el avance de esas operaciones.

El conflicto tiene como eje el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Las compañías proyectan avanzar con la extracción de petróleo en la zona, mientras la Argentina sostiene que esas actividades afectan sus derechos sobre los recursos naturales de la plataforma continental. El Gobierno ya inició un procedimiento de arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Mientras se constituye el tribunal arbitral que analizará la controversia de fondo, la estrategia argentina contempla solicitar medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El objetivo es conseguir una resolución que suspenda las actividades relacionadas con Sea Lion hasta que avance el proceso internacional. El tribunal marítimo es el mismo organismo que intervino en 2012 en el caso de la Fragata Libertad, cuando ordenó su liberación tras haber sido retenida en Ghana.

La presentación, sin embargo, no determinará la soberanía sobre las Islas Malvinas. El Tribunal del Mar deberá analizar cuestiones vinculadas al derecho marítimo y, particularmente, si pueden explotarse unilateralmente recursos naturales no renovables en una zona sometida a una disputa entre ambos Estados. El Reino Unido, por su parte, ya rechazó el planteo argentino y sostiene que las actividades vinculadas con las islas se desarrollan de acuerdo con el derecho internacional.