El Poder Ejecutivo resolvió disolver el Instituto Nacional de Alimentos y redistribuir sus funciones dentro del Estado. La medida implica un cambio en la forma en que se organiza el control sanitario de los alimentos. Se trata de una reestructuración del sistema vigente.

A partir de ahora, organismos como la ANMAT asumirán un rol central en la regulación y supervisión. También se fortalecerá la participación de entidades vinculadas a la producción agroalimentaria. El objetivo es unificar criterios y acelerar la actualización de normativas.

El Gobierno enmarca esta decisión en su plan de modernización estatal. Argumenta que eliminar estructuras intermedias permitirá mayor eficiencia y menos demoras administrativas. Sin embargo, especialistas señalan la importancia de garantizar controles adecuados en un área sensible para la salud pública.