El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares avanza con cambios clave. La iniciativa busca redefinir las zonas protegidas para permitir actividades económicas. También otorga mayor poder de decisión a las provincias.

La reforma, aprobada en el Senado, fue impulsada por el Gobierno junto a gobernadores que promueven inversiones mineras en regiones del norte y Cuyo. Entre ellos se encuentran Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la modificación de los criterios de protección, especialmente en las zonas periglaciares. Estas áreas, hasta ahora restringidas, podrían habilitarse para actividades extractivas bajo determinadas condiciones.

Además, la iniciativa transfiere facultades a las provincias para decidir qué territorios deben ser protegidos y cuáles pueden destinarse a la explotación económica. Esto implica una menor intervención del Estado nacional en la definición de estas políticas.

Otro punto relevante es la flexibilización de las prohibiciones actuales. Se propone permitir actividades como la minería siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental. El debate también incluye cuestionamientos al Inventario Nacional de Glaciares, considerado desactualizado por algunos sectores, mientras que otros defienden su validez y advierten sobre los riesgos ambientales de los cambios.