Las principales cámaras evitaron respaldar públicamente la iniciativa oficial. Aunque reconocen la baja de cargas patronales, advierten por el impacto en el consumo.

En la antesala del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y mientras el Congreso debate la reforma laboral, el Gobierno enfrenta un dato incómodo: la ausencia de apoyo explícito del empresariado. El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su malestar en redes sociales al señalar que, pese a la reducción del 85% en las cargas patronales para nuevos empleos, ninguna cámara empresaria salió a celebrar la medida.

Lejos de los aplausos esperados, las grandes entidades mantienen cautela. Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) advierten que una eventual degradación de los ingresos salariales podría afectar aún más el consumo interno, en un contexto donde el mercado doméstico ya muestra signos de retracción.

El sector PyME, en particular, sostiene que la flexibilización laboral no resolverá por sí sola los problemas de rentabilidad si no se reactiva la demanda. Empresarios consultados señalan que una menor masa salarial podría traducirse en menos ventas para comercios e industrias, profundizando la recesión en lugar de revertirla.

Además, algunas cámaras cuestionan modificaciones incorporadas a último momento en el proyecto, como la eliminación del aporte voluntario a entidades empresarias. Desde distintos espacios advierten que, lejos de traer previsibilidad, la reforma podría incrementar la conflictividad sindical y generar un escenario de mayor incertidumbre para la actividad económica.