El juez federal Sebastián Casanello rechazó una propuesta de reparación económica por 87,9 millones de pesos presentada por Leandro Gastón Kebleris, procesado como partícipe necesario en el presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo.

Según la resolución, la oferta buscaba extinguir la acción penal sin reconocimiento de hechos ni responsabilidades. Kebleris, junto con Anahí Rivero, está acusado de haber puesto a disposición del Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor la empresa Coxtex S.A., señalada como una “usina de facturación apócrifa” sin capacidad operativa real.

La investigación indica que en octubre de 2021 Coxtex habría emitido dos facturas por 5,46 millones de pesos, utilizadas presuntamente para desviar fondos del programa social hacia tareas de prensa, militancia y campaña electoral. La propuesta rechazada incluía la transferencia inmediata de más de 14 millones de pesos ya embargados y el pago del resto en doce cuotas.

La fiscalía, junto con la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Capital Humano y la Unidad de Información Financiera —todos querellantes en la causa— se opusieron al acuerdo. El Ministerio Público remarcó que el expediente involucra a numerosos imputados y líneas de investigación aún abiertas, por lo que una reparación parcial podría afectar la coherencia del proceso.

Casanello también descartó convocar a una audiencia para analizar la propuesta al no existir un acuerdo previo con el Estado como parte damnificada y advirtió que su homologación podría entorpecer el trámite ante el Tribunal Oral Federal N°8, que juzgará al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a otros 15 acusados. El juez quedó en condiciones de resolver la elevación a juicio de la causa.