El Gobierno nacional recibió una intimación judicial para dejar sin efecto una resolución del INTI que modifica el funcionamiento del Programa de Metrología Legal.

La medida fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado, que denunció un intento de privatización del área. Desde el gremio advierten sobre riesgos laborales y de seguridad para la población.

El Ejecutivo fue intimado judicialmente para suspender la Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que elimina y desarticula funciones del Programa de Metrología Legal. Esta área es la encargada de controlar instrumentos regulados por normas nacionales, como surtidores de combustible, balanzas comerciales y equipos médicos.

La acción fue presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que cuestionó a la gestión del presidente Javier Milei por avanzar, según denunciaron, en un proceso de desestatización y eventual privatización de sectores estratégicos. El gremio sostiene que la resolución implica el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del organismo.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que la medida pone en riesgo cientos de puestos de trabajo y afecta directamente la seguridad de la población. Además, señaló que el recorte alcanza principalmente a funciones de control y fiscalización, lo que podría generar consecuencias graves en el funcionamiento de empresas y servicios.

Desde el sindicato también advirtieron que el sector dejaría de aprobar modelos y certificar el correcto funcionamiento de instrumentos de medición. El Programa de Metrología Legal impacta en la vida cotidiana, ya que controla alcoholímetros, cinemómetros para fotomultas, balanzas y surtidores. “Podríamos llegar a un punto en el que un kilo no sea un kilo o un litro no sea un litro”, alertó Aguiar.