Entidades de derechos humanos y sociales reclamaron al Congreso que anule el decreto que reforma la ley de Inteligencia, al considerar que debilita los controles democráticos.

Una veintena de organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional Argentina, ACIJ, Poder Ciudadano, CELS, Democracia en Red y Fundación Vía Libre, firmaron un documento en el que cuestionan la constitucionalidad del DNU 941-2025. Los organismos sostienen que la medida amplía la discrecionalidad estatal y abre la puerta a detenciones arbitrarias, persecución e intimidación, al mismo tiempo que transforma a los servicios de inteligencia en un cuerpo sin control efectivo.

El decreto obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE sin procedimientos claros ni mecanismos de supervisión. Las organizaciones alertan que la acumulación de información en un solo organismo, sumada a la falta de políticas de seguridad de datos, puede derivar en filtraciones y uso indebido de la información. Además, remarcaron que el decreto permite compartir datos con agencias extranjeras sin autorización judicial y sin control ciudadano.

Otro punto crítico señalado es que todas las actividades de inteligencia quedan encubiertas por definición, lo que impide a la ciudadanía conocer si está siendo investigada o reclamar en caso de abusos. Asimismo, el decreto autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales”, eliminando el control civil, lo que representa, según los organismos, un retroceso histórico en la separación entre defensa y seguridad interna aprendida tras la dictadura.

El DNU fue dictado el 31 de diciembre de 2025 y establece que toda actividad de inteligencia será secreta, permite aprehensiones sin intervención judicial y otorga amplios poderes a la SIDE. La norma debe ser enviada al Congreso, donde la Comisión de Trámite Legislativo contará con diez días hábiles para su análisis, aunque la oposición podría impulsar su tratamiento directamente en el recinto de sesiones dada la falta de constitución de la comisión.