Un fallo judicial declaró la nulidad del protocolo antipiquetes aplicado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich. La decisión sostiene que la norma vulnera derechos constitucionales y limita el accionar del Poder Ejecutivo en manifestaciones sociales.

El juez Martín Cormick, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, resolvió hacer lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la nulidad del protocolo establecido mediante la resolución 943/2023. El magistrado consideró que la medida afectaba el derecho a la protesta social y excedía las facultades de la administración pública.

En los fundamentos del fallo, Cormick señaló que el Poder Ejecutivo no puede dictar normas que lesionen derechos básicos como la libertad de expresión, de reunión y de petición a las autoridades. En ese sentido, remarcó que una manifestación social no puede ser equiparada automáticamente a un delito penal que habilite la represión policial sin orden judicial previa.

El protocolo anulado habilitaba a las fuerzas de seguridad a intervenir de forma inmediata ante cortes de calles o rutas, bajo el criterio de flagrancia. Según el juez, esa potestad debía volver a estar en manos de un magistrado, quien es el encargado de autorizar o no el uso de la fuerza pública para disuadir o dispersar una protesta.

La sentencia también cuestionó las tareas de inteligencia previstas en el protocolo, como la identificación de manifestantes mediante registros fotográficos o fílmicos. Cormick advirtió que estas prácticas vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe la recopilación de datos sobre ciudadanos por motivos ideológicos o políticos.

Además, el juez observó que la normativa no contemplaba la protección especial que requieren los grupos vulnerables, como niños, adultos mayores o personas con discapacidad. Por ese motivo, exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse de aplicar el protocolo y a adecuar su accionar al Código Procesal Penal vigente, mientras el Gobierno evalúa la posibilidad de apelar la decisión ante instancias superiores.