En el juicio por la causa Cuadernos, empresarios de la construcción revelaron cómo funcionaba el sistema de presiones y recaudación ilegal en la obra pública.

El Tribunal Oral Federal N.º 7 retomó la lectura de la elevación a juicio del tramo conocido como “La Camarita”, basada en los escritos de Oscar Centeno. En la décima audiencia se leyeron 83 fojas en las que distintos empresarios describieron amenazas, exigencias de pagos y mecanismos de cartelización para acceder y sostener contratos de obra pública.

Entre los testimonios, Patricio Gerbi, titular de COARCO, relató que las presiones comenzaron tras la firma de concesiones viales y que funcionarios les exigían aportes periódicos bajo amenazas de multas, demoras en los pagos y represalias personales. Según declaró, los pagos se realizaban en encuentros pactados y alcanzaban montos de hasta 25.000 dólares por entrega.

Juan Chediak, en tanto, aseguró que las exigencias provenían directamente del entonces ministro de Planificación Julio De Vido y que el dinero era entregado tanto en domicilios particulares como en dependencias oficiales. Más adelante, explicó, el sistema se centralizó en el financista Ernesto Clarens, quien advertía que solo podrían trabajar quienes aceptaran pagar.

Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, describió un esquema organizado desde 2004 para direccionar licitaciones y exigir retornos de entre el 10% y el 20% de los anticipos financieros. Reconoció su rol como garante del cumplimiento de esos pagos y admitió que su empresa también participó del mecanismo.

Al cerrar la lectura, el fiscal Stornelli sostuvo que la Dirección Nacional de Vialidad fue un engranaje clave para presionar a las empresas mediante el manejo de los pagos. Además, afirmó que Cristina Fernández de Kirchner ocupó la cúspide del esquema recaudatorio y que Julio De Vido fue el organizador del sistema en el área de obra pública. El debate continuará el próximo jueves con la lectura de las fojas restantes del tramo “La Camarita”.