El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky ordenó nuevas medidas de prueba en la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a una finca ubicada en Pilar.

Según informaron fuentes judiciales, el magistrado solicitó información a aseguradoras, a la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRA) y a empresas de GPS y de telepase, con el objetivo de identificar y rastrear los vehículos que se encontraban en la vivienda. Además, realizó pedidos similares a compañías de Internet, cable y telefonía celular vinculadas al inmueble.

La causa se enmarca en una investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, acusados de adquirir el inmueble a través de la firma Real Central S.R.L. sin contar con respaldo económico suficiente, según lo determinado por la Cámara Criminal y Correccional Federal.

La semana pasada, ese tribunal resolvió que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10 debe continuar con la investigación. El conflicto de competencia se había originado luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente y remitiera el expediente al fuero penal económico, cuya magistrada interina inicialmente rechazó intervenir.

Al definir la cuestión, la Sala I de la Cámara sostuvo que los hechos encuadran, en principio, en el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal, y que la causa debe tramitar en el fuero penal económico, especializado en delitos de orden económico y financiero.