El departamento de Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta vuelve a quedar en el centro de la causa de los cuadernos, donde la Justicia lo identifica como uno de los principales puntos de entrega y acopio de bolsos con dinero que describió Oscar Centeno.

La investigación por los cuadernos volvió a poner bajo la lupa el departamento ubicado en Juncal y Uruguay, donde vivía la entonces presidenta Cristina Fernández. De acuerdo con la acusación fiscal, ese quinto piso funcionó durante años como escala para el almacenamiento de bolsos y valijas con dólares provenientes de empresarios contratistas del Estado. El lugar fue señalado como uno de los puntos centrales del supuesto sistema de recaudación ilegal atribuido al matrimonio Kirchner.

En la instrucción del caso, el fallecido juez Claudio Bonadio consideró que Néstor y Cristina Kirchner encabezaban una asociación ilícita que recibía pagos ilegales destinados al Poder Ejecutivo. Según la Justicia, solo en Uruguay 1306 se registraron 87 entregas por un total de 69,7 millones de dólares, cifra reconstruida a partir de anotaciones de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien relató viajes nocturnos llevando bolsos desde oficinas hacia Recoleta.

Otros arrepentidos reforzaron esa versión. Claudio Uberti declaró haber entregado en ese domicilio varias valijas con dinero luego de reuniones con empresarios y aseguró que Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, recibía los fondos para enviarlos a Santa Cruz, donde —según dijo— existían bóvedas adquiridas al Banco Hipotecario. Por su parte, José López mencionó que allí se entregaron unos ocho millones de dólares en 2007 vinculados a la recaudación por obras viales.

El requerimiento de elevación a juicio firmado por el fiscal Carlos Stornelli sostiene que el departamento dejó de usarse para recibir bolsos tras la muerte de Néstor Kirchner, aunque el circuito de dinero siguió activo y mantuvo como destinataria final a Cristina Fernández. El inmueble ya había quedado asociado a operaciones previas: en 2009, Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, lo alquiló por seis meses mediante la inmobiliaria de Máximo Kirchner, una operación que también figura en el expediente judicial.