La Corte Suprema de Justicia será la encargada de administrar y subastar los bienes de Cristina Kirchner, tras la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de decomisar sus activos. La medida alcanza a propiedades de la ex mandataria y de otros condenados incluyendo bienes heredados por sus hijos.

El TOF 2 ordenó el decomiso de los bienes tras la ratificación de la sentencia dictada en diciembre de 2022, que condena a Kirchner a prisión domiciliaria de seis años. Los activos identificados por el Ministerio Público Fiscal incluyen 122 inmuebles vinculados a la maniobra fraudulenta desarrollada entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado para el decomiso era de $84.835 millones, actualizado luego por peritos contadores a $684.990 millones según criterios técnicos respaldados por la Corte Suprema. Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal dispuso la ejecución de la medida mediante la venta de los activos.

Entre los bienes afectados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, se incluyen un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de propiedades que habían sido cedidas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, que también quedarán bajo la administración y subasta ordenada por la Corte Suprema.