La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a Romina Picolotti por defraudación en perjuicio de la administración pública. La sentencia incluye tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

El tribunal rechazó la presentación de la defensa por considerarla extemporánea, ratificando la condena dictada en 2021 por el Tribunal Oral Federal 6 y luego confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2023. La causa se centró en el uso indebido de fondos públicos durante su gestión entre 2006 y 2007.

Durante el juicio se comprobó que Picolotti destinó recursos del Estado a gastos personales y familiares, incluyendo comidas, pasajes, flores, productos de farmacia, carga de combustible, lavado de autos, servicios de lavandería, alimento para mascotas y compras en locales de regalos. También se detectaron almuerzos diarios sin justificación, vuelos chárter y tickets de bares con entretenimiento para adultos.

El fiscal Diego Luciani calificó los hechos como “un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública” y solicitó una pena de tres años y nueve meses. Picolotti negó la existencia de delito y siguió el proceso desde Estados Unidos, donde reside. La condena quedó firme y deberá devolver al Estado casi siete millones de pesos actualizados, equivalentes al perjuicio causado y fijados como fianza por los jueces.